Cuando una persona sufre un problema
de salud que le imposibilita realizar su actividad laboral y no está preparado
para realizar cualquier otra, se ve inmerso en una lucha judicial que se prorroga
en el tiempo.
Finalmente, cuando el procedimiento
llega a su fin, el juez dicta sentencia, teniendo en cuenta solo las pruebas
médicas, y obviando los factores sociales, lo que en muchos casos conlleva una
respuesta denegatoria.
En muchas ocasiones una mala
valoración de la seguridad social lleva a las personas a situaciones de
vulnerabilidad e incluso exclusión social. Veamos un ejemplo:
Un
operario del ramo de la construcción con lumbalgia crónica que termina
perdiendo su trabajo y pasa a percibir el desempleo, el cual puede cobrar
durante dos años.
Su traumatólogo le manda unas pruebas para determinar el alcance de las lesiones que padece. Después de meses esperando, finalmente se realiza la RM, y es derivado al neurocirujano ante la existencia de daño en la médula. Tras muchos meses esperando para realizar la intervención médica y ya agotada la prestación de desempleo, esta se retrasa por falta de quirófanos.
Han pasado más de dos años desde la visita del traumatólogo, ha finalizado el subsidio de desempleo, el dolor va en aumento a pesar de la fuerte medicación. Finalmente es intervenido, pero su lesión apenas mejora.
Su traumatólogo le manda unas pruebas para determinar el alcance de las lesiones que padece. Después de meses esperando, finalmente se realiza la RM, y es derivado al neurocirujano ante la existencia de daño en la médula. Tras muchos meses esperando para realizar la intervención médica y ya agotada la prestación de desempleo, esta se retrasa por falta de quirófanos.
Han pasado más de dos años desde la visita del traumatólogo, ha finalizado el subsidio de desempleo, el dolor va en aumento a pesar de la fuerte medicación. Finalmente es intervenido, pero su lesión apenas mejora.
En
esta situación no existe posibilidad de encontrar empleo, no al menos de los
que él está capacitado para realizar. Solicita la incapacidad: la respuesta es
denegatoria, ya que “no se aportan pruebas
suficientes que desvirtúen la valoración del SGAM/ EVI”
En
muchas ocasiones, especialmente en casos de lumbalgia, fibromialgia, u otras
patologías de difícil diagnóstico, los informes médicos emitidos por el equipo
de valoración de incapacidades no son suficientes para que la persona obtenga
un grado suficiente de discapacidad que le otorgue la incapacidad permanente. Aquí
es donde entra el juego la pericial de los factores sociales, la cual puede
aportar información relevante que aumente esa valoración hasta 15 puntos, lo
que puede suponer llegar a un 65% de discapacidad, lo que supondría tener derecho
a una prestación económica suficientemente digna para subsistir.
El
informe pericial social, por tanto, puede conseguir hacer VISIBLES todas
aquellas circunstancias que en la mayoría de los casos pasan desapercibidas, siendo
determinante para conseguir una sentencia positiva de incapacidad laboral.
