Cuando una persona sufre un problema
de salud que le imposibilita realizar su actividad laboral y no está preparado
para realizar cualquier otra, se ve inmerso en una lucha judicial que se prorroga
en el tiempo.
Finalmente, cuando el procedimiento
llega a su fin, el juez dicta sentencia, teniendo en cuenta solo las pruebas
médicas, y obviando los factores sociales, lo que en muchos casos conlleva una
respuesta denegatoria.
En muchas ocasiones una mala
valoración de la seguridad social lleva a las personas a situaciones de
vulnerabilidad e incluso exclusión social. Veamos un ejemplo:
